Indianos de Guadalcanal: sus actividades en América y sus legados a la metrópoli – Siglo XVII - 11

Por Javier Ortiz de la Tabla Ducasse - III Jornadas de Andalucía y América. Huelva 1983

ALONSO GONZÁLEZ DE LA PAVA

(A.A.S., Capellanias, 866-13)

Se incluye este personaje, que sin duda será tratado con mayor detenimiento en otra comunicación, por ser un típico indiano de Guadalcanal, mecenas del convento del Espirtu Santo de la villa.

Como otros paisanos se radicó en Potosí, dedicándose al laboreo y beneficio de metales, consiguiendo una sólida posición y fortuna que le permitió, en 1612, destinar 50.000 pesos para emplearlos en la construcción del convento del Espíritu Santo.

Curiosamente, como otros, aparece relacionado en Potosí con sus paisanos el capitán Francisco de la Cava y Alonso González de la Espada El primero lo eligió como albacea testamentario y el segundo, con el que parece tener cierto parentesco (a través de los Ortega), encarga en su testamento ciertas mandas a su hermana; en caso de ausencia de ésta nombraba para recibirlas a su tío Diego Díaz de Ortega o al dicho González de la Pava, que por aquél tiempo ya había regresado a Guadalcanal.

En 1620 daba poder a sus albaceas testamentarios, entre ellos Diego de Ortega Ramírez, regidor del pueblo, para hacer testamento en su nombre, siendo uno de los testigos de esta escritura el regidor D. Diego Díaz de Ortega, tal vez el mismo mencionado en otro párrafo. De su herencia excluyó a su sobrino Juan González de la Pava, que se encontraba ausente en Indias tal vez buscando igual fortuna que su tío y dejando las explotaciones mineras que éste tenía en la provincia de León Extremadura, administradas por el alférez mayor Francisco de Rojas Bastidas.

FRANCISCO Y ALONSO DE LA ESPADA

(A.G.I., Contratación 378-3)

Fueron sus padres Francisco González y Beatriz García Carranco, muertos ya al testar sus hijos, quienes terminaron sus días con un año de intervalo en Arica. Francisco murió en 1616 dejando a su hermano como uno de sus herederos y con la obligación de disponer el dinero suficiente para destinarlo a 1.000 misas por su alma que debían celebrarse en Guadalcanal. La mitad de su herencia sería para Francisco Hernández Nacarino, alférez real y mayordomo de la iglesia de Arica, por varias obligaciones y deudas de González de la Espada.

Al año moría su hermano Alonso estableciendo una cláusula en su testamento en la que ordenaba enviar a su tierra natal 500 pesos para misas por su alma y las de sus difuntos.

Consta que Alonso fue dueño de recuas y esclavos, actividad que tal vez también fuera la de su hermano, y sus negocios se extendían entre Arica y Potosí, lugares donde nombraba albaceas: en el primero al alguacil mayor Gaspar de Vargas Carvajal y a Pedro de Urrutía, y en el segundo a Juan Martínez de Cárdenas. Cumplidas sus mandas testamentarias y piadosas, dejaba distintos legados para su comadre y amigos en Arica por un valor total de 1.000 pesos, destinando varias cantidades para ayudar a casar doncellas de estas familias o socorro de una viuda (Magdalena Ramos, cuyo apellido es típico de Guadalcanal). Del resto de sus bienes instituía heredera a su alma, al no tener herederos forzosos, (aunque contaba con una hermana doncella en el pueblo) remanente que debía ser destinado para las obras pías que con anterioridad había comunicado a sus albaceas.

Hay que recordar las relaciones de parentescos y paisanaje mantenidas en Indias pues si en unos casos no son explícitas, en otros son evidentes. Así dos de los testigos del testamento de Francisco González de la Espada, Cristóbal López de la Torre y Benito Carranco, son los mismos que aparecen en el testamento de Cristóbal de Arcos Medina, el mercader de los Reyes que estuvo relacionado con ellos en sus operaciones comerciales.

Como en otras ocasiones hubo retraso en el cumplimiento de las últimas voluntades de ambos personajes y en la liquidación de sus bienes, teniendo que intervenir el oidor Blas de Torre Altamirano, juez mayor de bienes de difuntos de Lima, quien comisionó para este y otros casos similares al alférez Juan de Larra Morales (1624). En 1625 el defensor de bienes de difuntos de Arica Juan Ortiz de Uriarte apremiaba a uno de los albaceas (Pedro de Urrutía) para el pago de 560 pesos que había retenido durante ocho años, exigiéndole intereses, daños y costas y declarando el embargo de una de sus heredades (de viña y olivar) en el valle de Ocurica.

Por fin en 1628 Juana González de la Espada, hermana de los anteriores, recibía 730 pesos de la herencia de ambos, que debían ser destinados para misas en Guadalcanal.